Entre 2013 y 2025 se habrán concedido casi 16.000 visados a ciudadanos extranjeros no comunitarios, apenas el 0,3% del mercado residencial transaccionado.
Hoy 3 de abril entra en vigor la modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, por la que se eliminan los visados de inversión, más conocidas como ‘golden visa’ tras la publicación el pasado 3 de enero de la la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La primera ley aprobada de 2025 daba tres meses de margen para la supresión de los artículos 63 a 67 de la Ley 14/2013, que hasta ahora regulaban el régimen de residencia para extranjeros que realizan inversiones significativas en el país, entre ellas la compra de propiedades en España por un valor mínimo de 500.000 euros.
La ‘golden visa’, o visado de residencia por inversión, fue originalmente diseñada para atraer inversión extranjera en un contexto de crisis económica allá por 2013, incentivando la adquisición de bienes inmuebles y otros activos como deuda pública, fondos de inversión o inversiones en empresas españolas o proyectos de interés general.
Nació durante el mandato de Mariano Rajoy (PP), al igual que hicieron otras economías europeas como Portugal o Grecia tras el estallido de la crisis de 2008. Se concedía inicialmente por dos años y podía ser renovable por períodos sucesivos de cinco años, siempre que se mantuviera la inversión. Además, no era necesario residir permanentemente en España para mantenerlo, permitiendo libertad de movimiento por el espacio Schengen.
Ya en la legislatura pasada, el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, afirmó que el Ejecutivo estaba trabajando en revisar las condiciones de este visado. Y fue en abril de 2024, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la eliminación de este visado a través de compra de viviendas. El Gobierno justificó en ese momento dar por finalizada a las ‘golden visa’ por el repunte de la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes desde 2022, sobre todo de británicos (tras el Brexit), rusos, chinos y latinoamericanos.
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